ESTADO ESPÍA
CHISPAZO
Felipe Guerrero Bojórquez
Ayer, el Senado de la República concretó lo que se denomina el “Estado espía”, un orden constitucional para vigilar de manera masiva a la sociedad mexicana y actuar, en cualquier caso que así lo considere el gobierno, sin orden judicial contra cualquier ciudadano.
La justificación para aprobar la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, tiene que ver con la llamada Seguridad Nacional para la vigilancia legítima del Estado Mexicano, pero no enfocada de manera específica y con orden judicial como se da en los países democráticos. No, esta ley hace tabla raza y cualquier ciudadano, sin mediar ningún procedimiento de derechos humanos y de defensa jurídica previa, puede ser detenido y encarcelado.
Esta ley aprobada por nuestros flamantes Senadores, no tiene un marco legal claro porque no está sujeta a una supervisión independiente para evitar abusos y persecuciones políticas. ¿Por qué? Porque lo que ayer quedó plasmado da amplias facultades supraconstitucionales al gobierno a través de sus sistema de seguridad pública. En primer lugar tendrán acceso sin restricciones a cualquier registro público o privado, “con la información que sea útil para generar productos inteligentes”.
Con esta facultad el gobierno tendrá acceso, a través del artículo 12 de esta ley, sin restricción judicial alguna, sin amparo que valga, a cualquier registro y archivo de orden administrativo, donde también se incluye registros del catastro, registro público de la propiedad, placas vehiculares, datos biométricos, registros fiscales, servicios financieros, cuentas bancarias, datos telefónicos, de telecomunicaciones y hasta de salud. Y para que nada escape a esta ley espía, le agregaron lo siguiente: “Y de todo aquello de lo que se pueda extraer indicios e información”. En una palabra, los derechos humanos y la legítima defensa de los mexicanos ante la ley, ayer quedaron prácticamente conculcados. Todo ello digno de los Estados totalitarios donde lo fundamental no es investigar a la delincuencia, sino convertir a los opositores y ciudadanos inconformes en delincuentes.
Pero aún hay más para seguir fundamentando lo arriba señalado. También el Senado aprobó la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que otorga amplios poderes y facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, bajo el argumento que ello le permitirá “fortalecer su labor de inteligencia”. Con esos meta poderes concedidos, Harfuch podrá solicitar a instituciones de seguridad, a entes privados y públicos, sin orden judicial alguna, información contenida, de cualquier índole, que obren en archivos y registros para extraerlos sin impedimento constitucional alguno, so pena que el que se resista será señalado como ente obstaculizador de la justicia y, por lo tanto, podría ser detenido sin mandato judicial. ¿Cuál es la justificación “legal”? Que ello se hará “para la prevención e investigación de los delitos”. No hay duda: Los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Ni aquella Dirección Federal de Seguridad que espiaba, perseguía, detenía y asesinaba a los luchadores de la izquierda, entre los años 70 y 80 del siglo pasado, tenía tantas facultades como las otorgadas hoy al sistema de seguridad. Muchos de los sobrevivientes de aquellos años saborean hoy las mieles del poder, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tanto que lucharon contra el Estado represor para salir peor que él.
Y es que los que ahora se han apoderado del destino del país, alegan que la seguridad nacional requiere un marco legal para proteger al Estado de las amenazas internas y externas, como el narcotráfico y el terrorismo. Todo estuviera bien y se ofrecería la necesaria confianza, sino es porque el régimen de la 4T no estuviera señalado, por potencias extranjeras, principalmente por Estados Unidos, como representante de un narco Estado y, en consecuencia, por tener ligas con carteles denominados como terroristas.
Lo que desde hoy tendremos los mexicanos será una vigilancia masiva, como lo hacía Hitler, Mussolini, Stalin, para identificar y reprimir no a los delincuentes que dicen perseguir, sino a disidentes políticos o grupos considerados para ellos una amenaza. También para controlar mejor a los beneficiarios de los programas sociales e igualmente para entrometerse en la privacidad individual, ir contra la libertad de expresión al generar un ambiente de miedo y autocensura. Claro, lo negarán todo, pero sus medidas están muy claros y, además, muy distantes del objetivo de combatir a los criminales porque, si quisieran hacerlo, los acabarían pronto, sin necesidad de haber aprobado una normativa encaminada claramente al control y la represión social. Como decía el abuelo: “Si no los conociéramos”.
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